La ley de servicios de comunicación audiovisual, votada tres años atrás y que obligaría al grupo junto a otra veintena —incluido PRISA, editor de EL PAÍS— a “desinvertir” en sus numerosas emisoras de radio y televisión, está muy específicamente diseñada contra los medios televisivos de Clarín. En la medianoche de mañana se va a agotar el último plazo de un año dado para estas desinversiones, sin ampliarlo para, al menos, esperar a que la justicia, y la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. El propio alto tribunal ha considerado que actuar de este modo constituye una “denegación de justicia”. Pero el Gobierno parece dispuesto a revocar las licencias por vía administrativa y obligar a la “desinversión”, aunque tuviera que compensar al Grupo Clarín si el Supremo falla en su contra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario