Desde el 9 de mayo de 2010 lo esencial de la política económica española no se formula en nuestro país. Las decisiones anunciadas ayer por el presidente del Gobierno completan una larga sucesión de iniciativas no coincidentes básicamente con los planteamientos con los que los dos últimos gobiernos concurrieron a las elecciones. Se trata, esencialmente, de imposiciones externas: contrapartidas a los apoyos financieros, ya comprometidos o potenciales, de la Unión Europea. Son exigencias no muy distintas de las contenidas en los programas de rescate hasta ahora conocidos. Al igual que las aplicadas en aquellas economías periféricas, no son precisamente favorecedoras de la recuperación a corto plazo del crecimiento económico y del empleo. En ausencia de recuperación significativa en la demanda interna o de nuestros principales socios comerciales, tampoco depararán mejoras inmediatas en el saneamiento de las finanzas públicas.
La principal diferencia con los paquetes aplicados en Grecia, Irlanda y Portugal, además de la denominación formal y del estigma de la intervención, radica en que estos países ya no sufren los rigores propios de la apelación a la financiación en los mercados financieros, mediante subastas de bonos cada día más caras. Nuestro Tesoro no conoce con la certeza de aquellos las condiciones en las que se financiará a partir de ahora; la experiencia también nos obliga a no dar por definitiva la moderada reacción favorable de los mercados a los anuncios del Gobierno. Otra diferencia con los programas exigidos a esos tres países es la asociada a la más estricta condicionalidad específica impuesta sobre el sector bancario español, consecuente con la petición de la línea de crédito destinada a la recapitalización de los bancos.
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