El vicepresidente de la Confiep, Alfonso García Miró, consideró que un proceso de revocación en una jurisdicción tan grande como Lima ocasionaría diversos efectos negativos, entre ellos, el riesgo de una eventual paralización de inversiones. Según el directivo, al margen de la alcaldesa Susana Villarán, sobre cuya gestión evitó pronunciarse, la revocación podría generar un clima de incertidumbre para los agentes económicos.
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