El documento cuestiona que la Resolución 1000-2012 del JNE, que convoca a la consulta para el 17 de marzo, no especifique el nombre de cada una de las autoridades incluidas en la revocación en Lima, como lo manda la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
Se agrega que solo establece de modo general a las “autoridades municipales de la Municipalidad de Lima Metropolitana”.
Villarán plantea en la misiva: “¿Cómo sabremos si seremos objeto de la consulta popular de revocatoria de manera particular o individual? Y lo más serio ¿cuáles son los efectos de dicha convocatoria genérica sobre nuestros cargos y gestión?”.
La burgomaestre alega que en su condición de ciudadana y vecina de Lima participó en elecciones libres que la eligieron como alcaldesa, razón por la cual considera que le asiste el derecho de saber expresamente si su “mandato popular y democrático” será objeto de revocación.
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