Este sábado 24 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), dándose fin así a las campañas de seis candidatos que han sido, probablemente, de las más pintorescas de los últimos años. Y no nos referimos solamente a que empapelaron los alrededores del CAL y del Palacio de Justicia con los afiches más estrambóticos, ni a que una de las candidatas decidió que la mejor forma de darle seriedad a su discurso era pronunciándolo al ritmo del baile del caballo (según ella, porque dicho animal representa la vitalidad y la alegría en el horóscopo chino). Lo más pintoresco de la campaña ha sido el contenido de las propuestas de los postulantes, que se alejan mucho de lo que debería ser la principal tarea de la institución que pretenden dirigir: vigilar el ejercicio ético de la profesión legal. Los abogados tendrán que elegir entre candidatos que ofrecen sortear departamentos y camionetas 4 × 4, realizar ecografías gratuitas, brindar servicios de sepelio, organizar nuevamente el concurso de belleza Reyna CAL (así, con ‘y’) o la cuarta edición del Campeonato de Fulbito Jurídico.
Sorprende que el debate electoral se centre en estos temas y no en el control de la inmoralidad en el ejercicio, especialmente porque la abogacía es una de las profesiones que más cuestionamientos éticos despierta en los ciudadanos. Pero es más fácil entender este fenómeno cuando reparamos en los incentivos que crea la medieval ley que norma los colegios de abogados.
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