Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski lanzaron el domingo ofertas que sirven para ganar votos pero no para gobernar.
El debate entre los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta celebrado el domingo en Piura puede ser criticado desde varias perspectivas. La más evidente, quizás, sea la que tiene que ver con la abundancia de ataques y la escasez de propuestas que lo caracterizaron. Pero otra, bastante obvia también, podría ser la que llama la atención sobre el hecho de que ni siquiera esas pocas propuestas integraron, en caso alguno, un todo coherente.
Dentro de las propuestas de ese tipo, además, hubo algunas que se contradicen explícitamente con la sintonía con el modelo económico de prudencia fiscal y confianza en la iniciativa privada que, supuestamente, ambos postulantes representan. Y que en más de una ocasión suscitaron la sensación de que, esencialmente, estábamos presenciando un debate entre dos populistas.
De un lado, la señora Fujimori acusó de distintas formas a su contrincante de “defender los intereses de las grandes empresas”, como si un negocio cuya escala se empinase por encima de la que caracteriza a las mypes o pymes fuese indeseable o intrínsecamente perverso. Fustigó, asimismo, la defensa que Kuczynski hizo alguna vez de los transgénicos y se reclamó favorable a la moratoria de las semillas de ese origen “que le hacen tanto daño a la biodiversidad”, en una obvia promesa de que en un gobierno suyo el referido veto y la superstición que lo alimenta seguirían gozando de buena salud.
Se mostró, al mismo tiempo, dispuesta a dejar estancados los proyectos mineros detenidos por las protestas y a halagar la vena ‘antiextractivista’ de los sectores que quedaron fuera de la segunda vuelta. “¿Cómo podemos pretender que en Cajamarca estén a favor de la actividad minera si en el año 2014 [esa región] ocupó el primer lugar en la pobreza y el segundo lugar en desnutrición crónica?”, se preguntó, por ejemplo, en un momento. Y más adelante añadió: “¿Cómo podemos pretender que Cusco siga creyendo en el proyecto de Camisea si aún mucha gente ahí cocina en leña o tiene que comprar su balón de gas?”… Como si no supiera que la explotación de esos proyectos es precisamente lo que puede brindar solución a los problemas que enumeró.
A diferencia de estos importantes proyectos paralizados, lo que “sí va” –según afirmó la candidata de Fuerza Popular (FP) en el debate– es el proyecto de la refinería de Talara a cargo de Petro-Perú, obviando por un lado las ineficiencias de la petrolera estatal puestas de manifiesto en los recientes derrames de petróleo y daños ambientales ocasionados y, por el otro, su elevado costo (US$3.500 millones) en el bolsillo de los contribuyentes.
Pero aunque la aspirante presidencial de FP fue especialmente prolija en sus declaraciones populistas, el representante de Peruanos por el Kambio (PPK) hizo un esfuerzo por no quedarse muy atrás y, a la reiteración de su temeraria iniciativa de crear un banco de fomento minero con capital estatal y privado, sumó ahora la de inyectarle “500 millones de soles al Banco Agrario para convertirlo en uno de primer piso”: una receta de cuyo seguro fracaso ya tuvimos noticias en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Se tomó también el trabajo de condenar la eliminación de la CTS que José Chlimper, candidato a la vicepresidencia por FP, aprobó para los sectores agroindustriales cuando integraba el gabinete en las postrimerías del fujimorato, al señalar que ello ocurrió “mientras que el gobierno le daba a Vladimiro Montesinos un llamado CTS de US$15 millones”: una comparación efectista para denigrar una medida que en el fondo no debe parecerle tan descabellada, pues en el 2006, siendo primer ministro, firmó la ley que extendía sus beneficios hasta el 2021.
La intención de todas esas frases y ofertas es, desde luego, complacer a sectores del electorado que creen en ellas a pesar de la evidencia que las contradice (ya sea porque no la conocen o porque prefieren hacer oídos sordos a esa información por razones ideológicas) y, en ese sentido, alguien podría argumentar que los candidatos solo están haciendo lo necesario para ganar. Pero el problema de ganar en las elecciones, no hay que olvidarlo, es que después hay que gobernar.
Dentro de las propuestas de ese tipo, además, hubo algunas que se contradicen explícitamente con la sintonía con el modelo económico de prudencia fiscal y confianza en la iniciativa privada que, supuestamente, ambos postulantes representan. Y que en más de una ocasión suscitaron la sensación de que, esencialmente, estábamos presenciando un debate entre dos populistas.
De un lado, la señora Fujimori acusó de distintas formas a su contrincante de “defender los intereses de las grandes empresas”, como si un negocio cuya escala se empinase por encima de la que caracteriza a las mypes o pymes fuese indeseable o intrínsecamente perverso. Fustigó, asimismo, la defensa que Kuczynski hizo alguna vez de los transgénicos y se reclamó favorable a la moratoria de las semillas de ese origen “que le hacen tanto daño a la biodiversidad”, en una obvia promesa de que en un gobierno suyo el referido veto y la superstición que lo alimenta seguirían gozando de buena salud.
Se mostró, al mismo tiempo, dispuesta a dejar estancados los proyectos mineros detenidos por las protestas y a halagar la vena ‘antiextractivista’ de los sectores que quedaron fuera de la segunda vuelta. “¿Cómo podemos pretender que en Cajamarca estén a favor de la actividad minera si en el año 2014 [esa región] ocupó el primer lugar en la pobreza y el segundo lugar en desnutrición crónica?”, se preguntó, por ejemplo, en un momento. Y más adelante añadió: “¿Cómo podemos pretender que Cusco siga creyendo en el proyecto de Camisea si aún mucha gente ahí cocina en leña o tiene que comprar su balón de gas?”… Como si no supiera que la explotación de esos proyectos es precisamente lo que puede brindar solución a los problemas que enumeró.
A diferencia de estos importantes proyectos paralizados, lo que “sí va” –según afirmó la candidata de Fuerza Popular (FP) en el debate– es el proyecto de la refinería de Talara a cargo de Petro-Perú, obviando por un lado las ineficiencias de la petrolera estatal puestas de manifiesto en los recientes derrames de petróleo y daños ambientales ocasionados y, por el otro, su elevado costo (US$3.500 millones) en el bolsillo de los contribuyentes.
Pero aunque la aspirante presidencial de FP fue especialmente prolija en sus declaraciones populistas, el representante de Peruanos por el Kambio (PPK) hizo un esfuerzo por no quedarse muy atrás y, a la reiteración de su temeraria iniciativa de crear un banco de fomento minero con capital estatal y privado, sumó ahora la de inyectarle “500 millones de soles al Banco Agrario para convertirlo en uno de primer piso”: una receta de cuyo seguro fracaso ya tuvimos noticias en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Se tomó también el trabajo de condenar la eliminación de la CTS que José Chlimper, candidato a la vicepresidencia por FP, aprobó para los sectores agroindustriales cuando integraba el gabinete en las postrimerías del fujimorato, al señalar que ello ocurrió “mientras que el gobierno le daba a Vladimiro Montesinos un llamado CTS de US$15 millones”: una comparación efectista para denigrar una medida que en el fondo no debe parecerle tan descabellada, pues en el 2006, siendo primer ministro, firmó la ley que extendía sus beneficios hasta el 2021.
La intención de todas esas frases y ofertas es, desde luego, complacer a sectores del electorado que creen en ellas a pesar de la evidencia que las contradice (ya sea porque no la conocen o porque prefieren hacer oídos sordos a esa información por razones ideológicas) y, en ese sentido, alguien podría argumentar que los candidatos solo están haciendo lo necesario para ganar. Pero el problema de ganar en las elecciones, no hay que olvidarlo, es que después hay que gobernar.
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