El partido Peruanos por el Kambio plantea como instrumento de formalización una reducción del IGV de 18% a 15%. Es decir, una reducción de 16,6%. Casi la mitad del IGV se cobra a las importaciones. La otra mitad se cobra internamente. Si las primeras no se mueven mucho, la base imponible del IGV interno tendría que aumentar en cerca de 30% solo para recaudar lo mismo que antes de la reducción. Nos parece débil ese incentivo para la formalización y muy segura la pérdida fiscal generada por el menor pago de las grandes compañías generadoras de valor agregado.
El de las mypes es un mundo complejo y heterogéneo. En todos los sectores y actividades económicas se tienen diversos grados de informalidad. Esta existe desde los sectores más formales –como los servicios financieros– hasta los más informales –como el comercio ambulatorio–.
Según diversos estudios, la mitad de las mypes son formales y las otras no. Formalidad en el sentido de operar legalmente, observando las normas vigentes. Por el lado laboral, la informalidad es mayor, llega al 70%. Ello porque existen empleados informales dentro de empresas formales.
Según el Censo Económico 2008, el 95% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La legislación indica que las mipymes son, en general, aquellas que venden hasta un máximo de 2.300 UIT. Sin embargo, a pesar de su gran número, estas contribuyen con apenas 20% del valor agregado total no agrícola y con 8% de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, emplean a más de 90% de la PEA privada no agrícola. Es decir, el problema central es su baja productividad.
Actualmente existen normas sectoriales especiales para este tipo de empresas. La legislación tributaria también ha intentado adaptarse a ellas con el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) y el nuevo Régimen Único Simplificado (RUS). La legislación laboral también reconoce su existencia, con regímenes especiales en términos de vacaciones e indemnizaciones.
La legislación tributaria y laboral les otorga beneficios a las mipymes. Sobre todo a las microempresas (ventas de hasta 150 UIT). Estas tienen una mayor flexibilidad laboral y el Estado subsidia parte de la seguridad social y las pensiones. En la parte tributaria se han creado esquemas de pago único, reduciendo al mínimo los trámites. Sin embargo, a pesar de esto, los resultados en formalización, entendido como aquel negocio que cuenta con RUC, son insatisfactorios.
Debemos saber cuántas son (censo de mipymes) y cuáles son sus características, tanto de las formales como de las informales. Un mejor conocimiento permite diseñar y ejecutar políticas efectivas para elevar su productividad, como paso previo a formalizarlas.
Por el lado público, la Sunat, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción son los que más conocen a este sector. Del lado privado, los bancos y cajas de crédito.
El Estado también tiene programas de desarrollo productivo vinculados a este sector, por el lado de gestión empresarial, calidad, apoyo crediticio, etc.
Existen mypes en todos los sectores económicos. Acompañar a las mypes formales en su salto de productividad y mejorar la actual normativa vigente para ellas es una tarea crucial del próximo gobierno.
Pero ¿y el resto? ¿Qué hacer con los cientos de miles de unidades productivas informales en los sectores de minería, pesca, industrias, construcción, comercio y servicios? Se estima que en el país operan cerca de 3 millones de microempresas y pequeñas empresas y, dentro de ellas, la mitad serían informales.
Agencia de desarrollo productivo para las mypes. Actualmente existen múltiples programas manejados por diversos ministerios. La idea es hacer algo similar a lo que se hizo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Reunir programas de alivio y superación de la pobreza en una sola institución. Muchos ministerios tienen estos programas, pero la mayoría opera de un modo inconexo.
Esta agencia daría apoyo técnico tanto a mypes formales como informales. Su tratamiento sería distinto, pero el objetivo el mismo: una mayor productividad.
El problema es complejo. Si se tratara solamente de relajar la normatividad sectorial y laboral, ello haría aumentar la formalidad per se, pero no provocaría un cambio de las realidades productivas de estas unidades. Se hace la vida más fácil a las mypes formales, pero no cambia en lo sustancial la mype informal.
El único camino –más largo– está en elevar los niveles de productividad de las actuales mypes informales y que, a consecuencia de ello, puedan cumplir con la formalidad, que obviamente no es el objetivo final, sino un velo.
En resumen, la informalidad empresarial no mejorará por bajar unos puntos al IGV o cobrar 10% de renta (hoy se cobra 1,5% de las ventas netas). Tampoco con mejorar solo los actuales servicios empresariales para las mypes formales. Las mypes informales requieren políticas públicas de desarrollo productivo dirigidas a ellas.
El de las mypes es un mundo complejo y heterogéneo. En todos los sectores y actividades económicas se tienen diversos grados de informalidad. Esta existe desde los sectores más formales –como los servicios financieros– hasta los más informales –como el comercio ambulatorio–.
Según diversos estudios, la mitad de las mypes son formales y las otras no. Formalidad en el sentido de operar legalmente, observando las normas vigentes. Por el lado laboral, la informalidad es mayor, llega al 70%. Ello porque existen empleados informales dentro de empresas formales.
Según el Censo Económico 2008, el 95% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La legislación indica que las mipymes son, en general, aquellas que venden hasta un máximo de 2.300 UIT. Sin embargo, a pesar de su gran número, estas contribuyen con apenas 20% del valor agregado total no agrícola y con 8% de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, emplean a más de 90% de la PEA privada no agrícola. Es decir, el problema central es su baja productividad.
Actualmente existen normas sectoriales especiales para este tipo de empresas. La legislación tributaria también ha intentado adaptarse a ellas con el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) y el nuevo Régimen Único Simplificado (RUS). La legislación laboral también reconoce su existencia, con regímenes especiales en términos de vacaciones e indemnizaciones.
La legislación tributaria y laboral les otorga beneficios a las mipymes. Sobre todo a las microempresas (ventas de hasta 150 UIT). Estas tienen una mayor flexibilidad laboral y el Estado subsidia parte de la seguridad social y las pensiones. En la parte tributaria se han creado esquemas de pago único, reduciendo al mínimo los trámites. Sin embargo, a pesar de esto, los resultados en formalización, entendido como aquel negocio que cuenta con RUC, son insatisfactorios.
Debemos saber cuántas son (censo de mipymes) y cuáles son sus características, tanto de las formales como de las informales. Un mejor conocimiento permite diseñar y ejecutar políticas efectivas para elevar su productividad, como paso previo a formalizarlas.
Por el lado público, la Sunat, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción son los que más conocen a este sector. Del lado privado, los bancos y cajas de crédito.
El Estado también tiene programas de desarrollo productivo vinculados a este sector, por el lado de gestión empresarial, calidad, apoyo crediticio, etc.
Existen mypes en todos los sectores económicos. Acompañar a las mypes formales en su salto de productividad y mejorar la actual normativa vigente para ellas es una tarea crucial del próximo gobierno.
Pero ¿y el resto? ¿Qué hacer con los cientos de miles de unidades productivas informales en los sectores de minería, pesca, industrias, construcción, comercio y servicios? Se estima que en el país operan cerca de 3 millones de microempresas y pequeñas empresas y, dentro de ellas, la mitad serían informales.
Agencia de desarrollo productivo para las mypes. Actualmente existen múltiples programas manejados por diversos ministerios. La idea es hacer algo similar a lo que se hizo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Reunir programas de alivio y superación de la pobreza en una sola institución. Muchos ministerios tienen estos programas, pero la mayoría opera de un modo inconexo.
Esta agencia daría apoyo técnico tanto a mypes formales como informales. Su tratamiento sería distinto, pero el objetivo el mismo: una mayor productividad.
El problema es complejo. Si se tratara solamente de relajar la normatividad sectorial y laboral, ello haría aumentar la formalidad per se, pero no provocaría un cambio de las realidades productivas de estas unidades. Se hace la vida más fácil a las mypes formales, pero no cambia en lo sustancial la mype informal.
El único camino –más largo– está en elevar los niveles de productividad de las actuales mypes informales y que, a consecuencia de ello, puedan cumplir con la formalidad, que obviamente no es el objetivo final, sino un velo.
En resumen, la informalidad empresarial no mejorará por bajar unos puntos al IGV o cobrar 10% de renta (hoy se cobra 1,5% de las ventas netas). Tampoco con mejorar solo los actuales servicios empresariales para las mypes formales. Las mypes informales requieren políticas públicas de desarrollo productivo dirigidas a ellas.
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