Vale la pena recordar un detalle sobre Enapu: se trata de un desastre disfrazado de empresa. Para muestra varios botones. Luego de décadas de monopolio estatal de los puertos y hasta antes de la concesión del puerto de Matarani y del Muelle Sur del Callao, el Perú ocupaba el penúltimo puesto en el mundo en calidad de infraestructura portuaria, según el World Competitiveness Report. Esto no tenía por qué extrañar a nadie, pues mientras que con la gestión privada del Muelle Sur un barco es atendido en 12 horas, con Enapu se le atendía en cuatro días en promedio. El terrible manejo de la empresa, además, la llevó incluso a ser incapaz de pagar una deuda de US$300 millones con sus propios pensionistas (por lo que el año pasado el Estado nos obligó a todos los contribuyentes a asumirla). Todo esto llevó a que el titular del MTC, el señor Carlos Paredes, califique a Enapu de “moribunda”. Aunque (como sucede con el resto de empresas insolventes) por su falta de capacidad de pago debería, más bien, habérsele declarado difunta.
Por todo esto, no entendemos por qué el gobierno quiere obligar a los concesionarios a cargar con un muerto en la espalda. Si está interesado en que los puertos sean más eficientes para aumentar las posibilidades de que todos nos beneficiemos del comercio internacional, debería, en cambio, hacer más liviana la carga a los privados. Y, como con todo difunto, a Enapu solo debería buscarle cargadores con una finalidad: darle cristiana sepultura.
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