LA REPÚBLICA. Rospigliosi. A trompicones.

El gabinete presidido por Juan Jiménez no la tiene fácil y ha empezado con varios problemas. El primero, la nueva ley del magisterio, que es un traspié producido por responsabilidad del gobierno y del cual se han aprovechado los opositores para golpearlo consistentemente. El problema es consecuencia de la falta de preparación de Ollanta Humala y su equipo. Ha tenido que transcurrir más de un año para que tengan una propuesta en un tema que es fundamental. Todo muestra que llegaron al gobierno sin tener idea de qué hacer. Otra de las características de Humala y su grupo es que actúan en función del día. Por eso hubo un anuncio apresurado en el mensaje presidencial del 28 de julio y luego la ministra Patricia Salas envió varias señales confusas, que al principio daban la impresión de que se anularía totalmente la Carrera Pública Magisterial y que el SUTEP tendría un papel preponderante en la nueva estructura. Ese apresuramiento que los llevó a hacer anuncios cuando todavía no tenían el proyecto de la nueva ley listo, fue motivado por la huelga del Conare-SUTEP que no solo sorprendió al gobierno, sino que lo desbordó. Al final, se han enredado en un mar de contradicciones, siguen sin poder controlar al Conare y se han abierto innecesariamente varios flancos políticos.

Hasta ahora el manejo de los conflictos sociales sigue siendo tan deficiente como antes. Es cierto que hay que esperar que el nuevo gabinete se asiente, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno empezó hace más de un año, que los que toman las decisiones importantes son el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia, y que el premier Juan Jiménez participa en el gobierno desde la primera semana. A estas alturas, ya no pueden aducir falta de experiencia. Por lo menos en el caso de minas Conga, que ha sido uno de los principales obstáculos que ha tenido que sortear el gobierno, deberían tener alguna estrategia. Pero todo indica que siguen dando tumbos. El premier Jiménez y varios ministros enfatizaron hasta las náuseas que eran el “gabinete del diálogo”. Y lo primero que hicieron fue prorrogar el estado de emergencia en Cajamarca, lo que les dio el pretexto buscado a los antimineros que de inmediato dieron por terminado todo acercamiento con los dos religiosos enviados por el gobierno para intentar abrir un proceso de negociación. Era público que los antimineros estaban preparándose para volver a las andadas apenas se levantara el estado de emergencia. Gran parte de la población está harta de los disturbios y la situación económica de muchos cajamarquinos empeora cada día. Pero a los antimineros eso no les interesa y pueden provocar revueltas indefinidamente basándose en el núcleo de maestros, ronderos y estudiantes, a ninguno de los cuales les afecta directa e inmediatamente el deterioro económico que ellos producen. Desde ese punto de vista era prudente prolongar el estado de emergencia, para evitar una provocación como la del 3 de julio que se saldó con cinco muertos. Pero eso no se condice con la imagen que pretendió presentar el gabinete Jiménez. La realidad es que el diálogo es deseable y necesario, pero no se puede dialogar si a la otra parte simplemente no le da la gana de sentarse a conversar. Y no van a aceptar el diálogo mientras se sigan imponiendo mediante la violencia. Si les va bien ¿por qué tendrían que entrar en una negociación en la que van a tener que ceder algo? Si con huelgas, bloqueos, muertos y heridos obtienen todo ¿para qué concertar? El gobierno todavía no encuentra la solución al dilema. Y muy pronto tendrá que enfrentar el desafío de los antimineros que realizarán un  paro el 21 y 22. Como suele suceder, otros sectores en distintos lugares están promoviendo también medidas de fuerza en esas fechas.

El apresurado anuncio del presidente Humala de la construcción de un gasoducto del sur, incluida la inauguración de un monumento al tubo en Quillabamba, ya se está volviendo contra él. Como el gobierno ha reculado, en el sur ya se dieron cuenta y los ánimos se están caldeando. Se sienten traicionados, nuevamente. El gobierno está tratando de aplacarlos con paliativos, como los bonos para comprar balones de gas y enviando gas en camiones. Pero la ilusión fue tan grande y se desinfló tan pronto, que tendrá consecuencias. Por último, hay un problema que se agrava cada día que pasa: las trabas burocráticas para las inversiones se siguen multiplicando. Dos columnistas que suelen discrepar en todo, Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui, coinciden en que los permisos del Estado para inversiones se han convertido en un obstáculo aplastante. A lo cual hay que añadir la extendida corrupción en los municipios en todo el país, que contribuye a entorpecer las inversiones. El gabinete Jiménez tendrá que hilar fino si no quiere acabar como los anteriores.