AAR. Ahora sí que Conga ya fue.

A pesar de que este columnista cree que la minería genera beneficios muy importantes para el país, y de que esta se puede –y debe– explotar con responsabilidad y en armonía con el ambiente y la gente, la fuerza de los hechos le lleva a concluir que Conga debe ser postergado por un tiempo prudente por la inviabilidad de ir contra la opinión contundente de la población. En los diez meses que Conga está en un lugar estelar de la cartelera política ha habido varias señales de la dificultad para su puesta en marcha. Entre las más recientes están, primero, la caída de dos gabinetes por el desgaste político que produjo el enfrentamiento. Segundo, los dos mensajes a la nación del presidente Ollanta Humala sobre este tema específico, una expresión inequívoca del enorme capital político invertido por el gobierno. Tercero, las muertes lamentables ocurridas en Celendín.

Hubo otras señales que vinieron del propio sector empresarial. El lanzamiento de Quellaveco fue una noticia que dio en la línea de flotación del naufragante Conga pues dio a entender a muchos –incluyendo a los inquilinos de Palacio de Gobierno– que sí es posible sacar adelante un proyecto minero en armonía con el ciudadano, pero que eso requiere humildad antes que arrogancia, paciencia en lugar de meter el carro y, sobre todo, generación de confianza en base al respeto por la gente y las costumbres locales. Luego, para ponerle la cereza al pastel, vino el archipromotor de la inversión privada, PPK, a declarar ‘la muerte’ de Conga. La verdad, Conga no está muerto... pues el oro y el cobre seguirán ahí, pero las actuales condiciones políticas y sociales de Cajamarca impiden su ejecución –salvo los reservorios– por ahora pues, más allá del permiso legal que sí tiene el proyecto, la empresa no ha hecho lo suficiente para conseguir un apoyo mínimo de la población que lo haga socialmente viable.

Esto se comprueba en la encuesta de Ipsos-Apoyo hecha en la provincia de Cajamarca entre el 3 y 9 de agosto, revelada ayer en la Convención Anual del SAE de Apoyo Consultoría, en la que se concluye que el 78% está en contra de Conga y solo 15% a favor, con una oposición en el área rural que sube a 83%. Eso es imposible de revertir en el corto plazo. A los que dicen que la ley es la ley y que se debe imponer con ‘mano dura’, que asuman la consecuencia de su entusiasmo. A pesar de la gran importancia del proyecto, y de la inversión de casi US$5 mil millones, el costo político es muy alto y obliga a repensarlo y a reprogramarlo. Y que Newmont y otras empresas mineras que enfrentan procesos similares aprendan a mejorar sustantivamente la capacidad de construir confianza con los ciudadanos.