El
Gobierno, la Región de Moquegua, la empresa Anglo American y la sociedad civil
de esa región arribaron a un trabajoso acuerdo que permite la viabilidad del
proyecto Quellaveco, que se ejecutará con una inversión de 3.300 millones de
dólares para la extracción de 400 mil toneladas métricas de cobre en 28 años.
El acuerdo permitirá la disposición de un fondo social de 850 millones de soles
que junto con los 216 millones para invertirse en otros compromisos, supera los
1.000 millones de aporte social, fuera de los pagos contributivos.
El
gobierno ha señalado que este resultado apunta al nuevo modelo de relación
entre el Estado y la minería que, se supone, se consolidará cuando se emitan
las conclusiones de la comisión multisectorial designada hace algunas semanas
con ese propósito, y cuando se ponga en blanco y negro experiencias exitosas
como la de Quellaveco.
En
la gestación de ese modelo han jugado un rol decisivo los actores locales. La
clave de esta experiencia es el consenso arribado para poner por delante, sin
dobles discursos, el derecho de las poblaciones al acceso al agua para su
consumo y para la agricultura. También fue decisiva la confluencia de lo
técnico y lo político en una dinámica no antagónica. En Moquegua se instaló en
marzo del 2011 una Mesa de Diálogo con la sociedad civil, la empresa Anglo y el
Estado, integrada por poco menos que 30 representantes, entre alcaldes,
empresarios, agricultores, regantes, colegios profesionales y el Frente de
Defensa, entre otros. La Mesa operó con tres comisiones, de recursos hídricos,
medio ambiente y responsabilidad social y avanzó en medio de tensiones y
protestas basándose en acuerdos acumulativos adoptados en 20 sesiones por un
espacio de 14 meses.
La
empresa tiene un mérito destacable; sus líderes se jugaron por el diálogo
desoyendo los ofrecimientos de reconocidos consultores portadores de la
consabida estrategia de demolición de líderes sociales y de su manido argumento
de que lo que falta es solo una campaña de información para rescatar al pueblo
de los agitadores. La empresa aceptó ejecutar una cartera consensuada de
proyectos sociales supeditando el inicio de sus operaciones a la obtención de
la licencia social. Los detalles de los 23 acuerdos alcanzados son precisos en
torno al desvío del curso de un río, la construcción de dos represas, un dique
y pozas temporales. El detalle de los acuerdos llega hasta el plan de cierre de
la mina, el retorno del desmonte, la restauración del cauce del río desviado y
la formación de un Comité de Monitoreo.
Debe
ser reconocido también el papel del Presidente Regional, colocado en el vértice
de los consensos, a pesar de las presiones de uno u otro lado y patentizando el
potencial que en el futuro pueden desempeñar los presidentes regionales con
mayores competencias reguladoras. En esa misma línea debe resaltarse el rol de
la sociedad civil abierta al diálogo a pesar de sus diferencias, unida bajo la
convicción irreductible e insobornable de que por encima de todo, incluyendo el
proyecto minero, están las personas.
Quellaveco
es un buen ejemplo de que la solución a los conflictos es el diálogo y la
capacidad de acordar en ese marco, y es una excelente experiencia que el
gobierno debe aprovechar, difundir y sistematizar en el camino de las
rectificaciones anunciadas.
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