La última encuesta de Datum registra un 43% de ciudadanos que cree que el gobierno está actuando con mano blanda frente a los conflictos sociales y un 35% que opina que lo hace con mano dura. Probablemente ambos grupos tienen razón, porque el gobierno combina los peores aspectos de ambos comportamientos. En realidad no se necesita ni mano dura ni blanda, sino aplicación de la ley para restablecer el orden.
Dejando aparte el aspecto más importante, la prevención y la acción política ..., los dos últimos conflictos sociales importantes, que repiten lo sucedido con los anteriores, muestran esa desastrosa y mortífera combinación. En Espinar se permitió que los disturbios crecieran hasta que llegaron a niveles incontrolables de violencia. Cuando se produjeron dos víctimas fatales y más de un centenar de heridos, el gobierno decretó el estado de emergencia y mandó más tropas. Pero no se aplicó la ley. No se detuvo a nadie, ni a los instigadores ni a los autores materiales de los hechos violentos, todos los cuales habían cometido delitos sancionados claramente por la legislación vigente con pena de cárcel efectiva. El único apresado fue el alcalde Óscar Mollohuanca, liberado poco después y elevado a la categoría de héroe dialogante e interlocutor privilegiado por el mismo gobierno contra el cual había insurgido. En suma, por un lado, uso excesivo de la fuerza y por otro lado, total desidia y blandura para tratar a los violentistas que han quebrantado flagrantemente las leyes.
En Cajamarca las cosas han ido aún peor que en Espinar. Cuando los antimineros estaban derrotados luego del fracaso de su huelga, hicieron lo que habían anunciado a los cuatro vientos: provocar a la Policía con violencia. Y el gobierno, a pesar de las advertencias, cayó de lleno en la provocación. Los cinco muertos era exactamente lo que buscaban Santos, Arana, Saavedra y otros cabecillas antimineros para “confirmar” su tesis de que el proyecto Conga solo se impondría con sangre. La profecía autocumplida. Como ha observado Carlos Basombrío, lo ocurrido en Cajamarca se pudo evitar, “que mueran manifestantes y policías en temas de orden público no es una fatalidad ineludible, pero viene ocurriendo cada vez más frecuentemente. Con Humala, en menos de un año, van 17”. Los principales responsables de la violencia se pasean ahora orondos por las calles, organizan movilizaciones y se burlan del estado de emergencia decretado por el gobierno. Si el presidente Ollanta Humala no va a hacer respetar el estado de excepción ¿para qué lo decreta? Al igual que en Espinar, detuvieron a y lo liberaron a las pocas horas. Ahora Arana se sienta desafiante en la “mesa de escucha” que ha propiciado el gobierno.
La cereza que ha culminado el pastel de desaciertos ha sido la designación de dos religiosos, Cabrejos y Garatea como “facilitadores” para Cajamarca. Ambos son honestos y de seguro participan con la mejor intención de ayudar. Pero su sola intervención es un reconocimiento de parte del gobierno de su absoluto fracaso para hacer lo que es su razón de ser: gobernar. Si ni siquiera tiene la capacidad para establecer una relación con los cabecillas de una revuelta, que lo desprecian absolutamente y se niegan hasta conversar con sus ministros y representantes. Si reconoce ... que una parte importante del territorio nacional está fuera de su control, que sus funcionarios no pueden visitarlo y tiene que enviar como emisarios a dos religiosos para que le alcancen el mamotreto redactado por los antimineros. En fin, si es un gobierno tan enclenque y pusilánime que no solo no es capaz de hacer cumplir la ley en una zona del país, sino que no puede por si mismo buscar los mecanismos de solución al conflicto, entonces no merece sino esperar nuevas muestras de desprecio y repudio. Que es de seguro lo que tendremos en la segunda mitad del año. Las experiencias del primer semestre han sido catastróficas y sin duda van a incentivar nuevos movimientos y conflictos. Dentro de poco sabremos si con el anunciado cambio de gabinete se produce una rectificación en toda la línea, que permita corregir este letal cóctel de mano blanda y mano dura que ha guiado el comportamiento del gobierno hasta ahora. No obstante, por el momento, las señales no son alentadoras.
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