Es realmente inaceptable que aquellos que deberían de estar al servicio de los ciudadanos actúen violentamente y causen daños. Sin duda, las protestas y desmanes generados en los últimos días por funcionarios públicos no hacen sino confirmar la urgencia de implementar una reforma del Estado.
Más aun considerando que se están oponiendo a ser únicamente evaluados, ya que la Ley del Servicio Civil no plantea recortes de salarios o despidos sumarios... Pero el proyecto solo contempla capacitarlos para que puedan dar mejores resultados.Sin embargo, aún ese razonable objetivo genera un rechazo inmediato de la cúpula sindical acostumbrada a vivir del dinero de los peruanos sin dar nada a cambio. Es evidente que el solo concepto de introducir meritocracia en la actual burocracia los tiene aterrados. Incluso, no solo no se quieren esforzar sino que además tampoco quieren permitir que otros se capaciten para seguir avanzando. Están intentando, por todos los medios, que los trabajadores del Estado se queden uniformemente estancados.
Por ello, el Congreso estaría seriamente perjudicando a todos los peruanos si se dejan presionar por quienes no tienen intención alguna en realizar un trabajo adecuado y que siempre vieron el aparato estatal como un botín para ser saqueado. Lo último que esos dirigentes tienen en mente es cumplir con su función y servir al ciudadano.
Por otro lado, el Estado no es pequeño como dicen los enemigos de su reforma, al contrario, son casi un millón y medio de trabajadores de un universo laboral de seis millones que están en la planilla formal tanto del sector público como del privado. Es decir, tres de cada cuatro peruanos pagan impuestos a fin de cubrir el salario del cuarto. Ese paquidermo burocrático no puede seguir engordando, requiere a gritos ser modernizado.
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