Sin embargo, pese a ese histórico fracaso, el gobierno de Humala quiere repetir sus pasos con la declarada intención de propiciar legislación que pondría límites a la tenencia de tierras en el agro. Iniciativa que no tiene sentido alguno, excepto, claro está, el hacerle creer al campesino que lo están apoyando cuando, en realidad, lo que estarían haciendo es exactamente lo contrario.
Así, tenemos que cualquier limitación a los derechos de propiedad –que el día de mañana, con la misma facilidad, el Congreso podría reducir aún más– simplemente va a deteriorar la confianza, ahuyentar la inversión y distorsionar el mercado de tierras en el agro. Por tanto, el efecto concreto de esa medida será el devaluar la mayoría de predios, especialmente los menos productivos y más pequeños. Es un crimen que el Gobierno esté dispuesto a restarles valor a las parcelas, que son el único activo que tienen algunos de los más pobres entre los peruanos.
Por otro lado, si realmente se quiere apoyar a los ‘minifundistas’, se debería desarrollar programas de financiamiento, de transferencia tecnológica, de titulación y registro. Asimismo, el Gobierno ya debería estar invirtiendo fuertemente en mejores caminos rurales y en ampliar la cobertura de las telecomunicaciones en el campo para tratar de hacerlos competitivos e integrarlos al mercado.
Al final, uno tiene la impresión de que ese proyecto de ley, como lo fue el lema de Velasco, ha sido diseñado únicamente pensando en la demagogia y no en tratar de lograr resultados beneficiosos para los peruanos que viven en el agro.
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