Finalmente, la campaña por la revocatoria acabó y es momento que los limeños evaluemos el proceso electoral mirando al futuro. Tenemos un país fragmentado, partido en dos. Un lado que pretende ser el políticamente correcto, el de las manos blancas, la reserva moral y la honestidad. El otro que es acusado de corrupto, mafioso, vulgar y mentiroso. Y una clase política que contribuye irresponsablemente a acentuar esta fragmentación, sin pensar en el desarrollo del país.
La revocatoria buscaba que los ciudadanos decidieran si la gestión municipal había sido eficiente o no. Pero la alcaldesa, sus regidores y los intereses que los rodean plantearon erróneamente la elección como un problema entre honestos y mafiosos. Sin importar que en el primer grupo -los honestos- haya habido varias mentiras, regidores vacados por supuestos actos de corrupción, grandes intereses empresariales y un oscuro asesor. Más aun, a una semana de las elecciones aún no han transparentado el origen del financiamiento de su campaña.
La revocatoria nos mostró la clase política que tenemos. Por un lado, partidos capaces de someterse a alianzas contra natura, tratando de convencer a los ciudadanos que lo hacen por principios cuando en realidad es por intereses partidarios; y por el otro lado, partidos que promueven, sin transparencia alguna, iniciativas orientadas a satisfacer sus cálculos políticos.
Los actores políticos, haciendo espíritu de cuerpo, se escudaron en supuestos principios para evitar rendir cuentas. La discusión se basó en quién tiene la honra más grande y la moral más alta, cuando de lo que se trataba era de demostrar si es que tenían la capacidad necesaria para administrar la ciudad e implementar políticas públicas.
La clase política parece haberse convencido que la política en el país no debe hacer docencia. Ese tipo de política que en los países desarrollados permite que los ciudadanos conozcan cuáles son las alternativas de políticas publicas y tomen decisiones en base a sus bondades. Aquí no hay discusión sobre la mejor manera de invertir los impuestos para resolver el problema del transporte: si con más corredores o con un metro, si con participación privada mediante concesiones o mediante licitaciones supervisadas por el municipio. Esos temas que suponen que los ciudadanos sepan cómo se gasta su plata no se muestran ya sea por falta transparencia, o porque a los políticos no les importa la opinión ciudadana, o porque no se dan cuenta que el funcionario público es un empleado de los ciudadanos.
En el medio de esta revocatoria quedaron los limeños que quieren autoridades eficientes, que implementen políticas públicas basadas en evidencia y lo hagan adoptando mecanismos de buen gobierno como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que un sector de la población se arrogue una autoridad moral superior a la del resto de peruanos? ¿Hasta cuándo los que no estamos de acuerdo con ellos tendremos que aguantar calificativos e insultos? Así no se construyen instituciones ni se fortalece la democracia, ambas necesarias para lograr cruzar el umbral del desarrollo.
http://diariocorreo.pe/opinion/noticias/3950866/columnistas/el-ciudadano-nunca-tiene-la-razon
No hay comentarios:
Publicar un comentario