Como si El Dorado se hubiera materializado, parecen estar recubiertas en oro las paredes de los claustros universitarios. En realidad, viendo quiénes son los principales aportantes de los políticos peruanos, no queda duda que la educación se ha convertido en uno de los negocios más líquidos en el mercado.
Así tenemos que, en la revocatoria, los fundadores de dos universidades son los principales financistas en ambos lados. Mientras diversos parlamentarios también son propietarios y, en el norte, los dueños de una universidad han acaparado –políticamente– todos los cargos.
Por ello hubo apoyo multipartidario para una ley mercantilista recientemente promulgada cerrando la puerta a la futura competencia de las actuales universidades, asegurándoles jugosas utilidades por muchos años. En lugar de buscar acreditar el nivel de cada una de ellas a fin de saber a ciencia cierta la calidad de la educación por la cual se está pagando.
Igualmente, en las universidades que dicen que no lucran y por ello no tributan el negocio es aún más rentable pero la utilidad, libre de impuestos en su caso, se la llevan los encargados a través de sus salarios. Realmente que un rector gane 24 millones de soles al año –varias veces más que los ejecutivos mejor pagados– es un verdadero escándalo.
Por otro lado, difícil esperar de la actual ministra de Educación, quien no cree en la inversión privada ni en el mercado, ideas coherentes para ordenarlos. Por ello, antes que frente a tanto exceso algún dinosaurio les dé un zarpazo y retornemos a la ficción de que no lucran los que están educando, las universidades privadas más serias deberían asegurarse de que el sector se esté autoregulando.
Mientras que aquellas instituciones que dicen pertenecer a ‘la comunidad universitaria’ deberían de pagar impuestos como cualquier empresa o ciudadano, en lugar de seguir con el cuento de que no están lucrando, como en la Garcilaso.
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