Si todos los caminos conducen a Roma como asegura
el dicho, al menos una buena parte de los que utilizan los narcotraficantes en
LA parecen pasar por Venezuela, y aunque el gobierno del presidente Chávez diga
lo contrario parece estar haciendo bien poco o nada por impedirlo. Desde que en
2005 Chávez cortó todos los lazos de Venezuela con la DEA, su gobierno ha hecho
ver que los narcotraficantes no hallan paz en su país, y con frecuencia se
muestra algún que otro embarque de cocaína confiscado, y se da cuenta del
descubrimiento de un laboratorio clandestino o de una pista de aterrizaje
destruida. Pero un reportaje publicado esta semana por el diario The New York Times asevera
que lo que vio uno de sus periodistas en una remota región de las vastas
llanuras venezolanas fronterizas con Colombia, que la guerrilla de las FARC ha
convertido en mayor punto de tráfico de cocaína hacia EU, demuestra que tales
éxitos en gran medida son exagerados.
Según el Times, una pista de aterrizaje clandestina en la selva que el gobierno había dado por desactivada está nuevamente en operaciones, recuperada por los traficantes que operan con las FARC colombianas, “sin señales de que los soldados hubiesen colocado cargas explosivas para destruirla o prevenir que pudiera ser utilizada nuevamente”. El ex gobernador del estado fronterizo de Apure, Luis Lippa, dice que los narcos se han “apoderado” del espacio aéreo venezolano, y el diario destacó la existencia de un mapa de las rutas aéreas de los narcos elaborado por EU con ayuda de radares que muestra que los vuelos parten de allí rumbo norte al Caribe, luego giran a la izquierda hacia Centroamérica, desde donde la droga es trasladada después por traficantes mexicanos bien establecidos.
Sin proporcionar mayores detalles, las autoridades venezolanas anunciaron en mayo pasado haber reducido a la mitad el número de vuelos ilícitos llevados a cabo por los narcos sobre su territorio, pero EU sostiene que la lucha antinarcóticos que libra el gobierno de Chávez está minada por la corrupción. De acuerdo con la oficina de política antidrogas de la Casa Blanca, se estima que más de 200 toneladas de cocaína, una cuarta parte de la que fue embarcada desde LA en 2010, pasó por territorio venezolano. Detrás de esos movimientos estarían grupos de las FARC, que controlan una porción importante del trasiego de la droga en la región.
El designado nuevo jefe del Comando Sur de EU, general John Kelly, señaló en una reciente audiencia en el Congreso en Washington que miles de toneladas de narcóticos llegan a EU cada año, “sobre todo desde Venezuela por diversos medios: lanchas rápidas, sumergibles y avionetas”. En abril pasado, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro que hace cumplir las sanciones contra estados, organizaciones e individuos que atentan contra la seguridad nacional de EU, corroboró que en Washington hay preocupación “por lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de narcotráfico".
Entre 2008 y 2011, esa oficina señaló a siete altos militares y funcionarios del gobierno de Chávez y los acusó de tener nexos con narcoterroristas, entre ellos al actual ministro de Defensa venezolano, el general Henry Rangel Silva, quien ha abogado públicamente por una mayor “cooperación” con las FARC. Hace tres meses, medios de prensa estadounidenses y venezolanos, dijeron que un ex magistrado, Eladio Aponte, presuntamente destituido en Venezuela por sus nexos con el narcotráfico, tras lo cual huyó del país, habría declarado a la DEA que altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana y dirigentes chavistas estaban implicados en el tráfico de drogas. El ex magistrado dijo, según las fuentes, que tales operaciones son dirigidas directamente por Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional venezolana; el Ministro Rangel Silva, y el también general Cliver Alcalá, jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército. El gobierno de Chávez desmintió todas las acusaciones. Pero hasta abril pasado, había en la lista de la OFAC 258 referencias a "Venezuela", en las que aparecen identificadas empresas, entidades y personas a las que EU les atribuye vínculos con fondos producto del narcotráfico.
Según el Times, una pista de aterrizaje clandestina en la selva que el gobierno había dado por desactivada está nuevamente en operaciones, recuperada por los traficantes que operan con las FARC colombianas, “sin señales de que los soldados hubiesen colocado cargas explosivas para destruirla o prevenir que pudiera ser utilizada nuevamente”. El ex gobernador del estado fronterizo de Apure, Luis Lippa, dice que los narcos se han “apoderado” del espacio aéreo venezolano, y el diario destacó la existencia de un mapa de las rutas aéreas de los narcos elaborado por EU con ayuda de radares que muestra que los vuelos parten de allí rumbo norte al Caribe, luego giran a la izquierda hacia Centroamérica, desde donde la droga es trasladada después por traficantes mexicanos bien establecidos.
Sin proporcionar mayores detalles, las autoridades venezolanas anunciaron en mayo pasado haber reducido a la mitad el número de vuelos ilícitos llevados a cabo por los narcos sobre su territorio, pero EU sostiene que la lucha antinarcóticos que libra el gobierno de Chávez está minada por la corrupción. De acuerdo con la oficina de política antidrogas de la Casa Blanca, se estima que más de 200 toneladas de cocaína, una cuarta parte de la que fue embarcada desde LA en 2010, pasó por territorio venezolano. Detrás de esos movimientos estarían grupos de las FARC, que controlan una porción importante del trasiego de la droga en la región.
El designado nuevo jefe del Comando Sur de EU, general John Kelly, señaló en una reciente audiencia en el Congreso en Washington que miles de toneladas de narcóticos llegan a EU cada año, “sobre todo desde Venezuela por diversos medios: lanchas rápidas, sumergibles y avionetas”. En abril pasado, Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro que hace cumplir las sanciones contra estados, organizaciones e individuos que atentan contra la seguridad nacional de EU, corroboró que en Washington hay preocupación “por lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de narcotráfico".
Entre 2008 y 2011, esa oficina señaló a siete altos militares y funcionarios del gobierno de Chávez y los acusó de tener nexos con narcoterroristas, entre ellos al actual ministro de Defensa venezolano, el general Henry Rangel Silva, quien ha abogado públicamente por una mayor “cooperación” con las FARC. Hace tres meses, medios de prensa estadounidenses y venezolanos, dijeron que un ex magistrado, Eladio Aponte, presuntamente destituido en Venezuela por sus nexos con el narcotráfico, tras lo cual huyó del país, habría declarado a la DEA que altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana y dirigentes chavistas estaban implicados en el tráfico de drogas. El ex magistrado dijo, según las fuentes, que tales operaciones son dirigidas directamente por Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional venezolana; el Ministro Rangel Silva, y el también general Cliver Alcalá, jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército. El gobierno de Chávez desmintió todas las acusaciones. Pero hasta abril pasado, había en la lista de la OFAC 258 referencias a "Venezuela", en las que aparecen identificadas empresas, entidades y personas a las que EU les atribuye vínculos con fondos producto del narcotráfico.
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