Barack Obama interrumpió el miércoles sus vacaciones en Hawaii y regresó a Washington para implicarse personalmente en la negociación de ese acuerdo. Los miembros del Congreso también volverán este jueves a sus puestos. Todos han prometido hacer lo posible para evitar ese daño innecesario. Pero nadie ha aportado hasta el momento una solución viable, y las esperanzas están hoy más centradas en encontrar un pacto provisional que posponga los efectos más dramáticos del abismo fiscal.
Si no hay acuerdo, a partir del 1 de enero comenzarán a entrar en vigor una cadena de recortes de gastos y aumentos de impuestos por cerca de 600.000 millones de dólares, casi el 5% del PIB de EU. Prácticamente todos los norteamericanos sufrirán un aumento de sus contribuciones a hacienda, 55.000 millones de dólares se restarán del presupuesto del Pentágono y una cantidad idéntica se reducirá de las ayudas al paro, la atención sanitaria a los pensionistas y otros programas sociales. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que la economía norteamericana se verá afectada por una fuerte contracción, y el desempleo superará el 9%. Una desaceleración de esa naturaleza podría provocar un efecto en cadena en otras economías del mundo vinculadas a EU.
Incluso un compromiso modesto para retrasar el abismo fiscal, puede causar un serio perjuicio a la economía, en la medida en que se extiende la incertidumbre y los inversores pierden confianza sobre la capacidad de la clase política norteamericana para garantizar la estabilidad que se requiere para la inversión y el crecimiento. De hecho, esa incertidumbre está ya causando daños. Las compras navideñas están bastante por debajo de las expectativas, lo que puede afectar significativamente a una economía basada en un 70% sobre el consumo.La Bolsa de NY, aunque al ralentí por las fechas vacacionales, también actuó ayer a la baja.
Este panorama no ha conseguido doblar el brazo de los contendientes políticos, que mantienen posiciones ideológicas enfrentadas sobre la manera de afrontar el déficit. Tanto Obama como los republicanos en el Congreso expresan su voluntad de atajar ese problema, pero el presidente quiere hacerlo con una combinación de recortes y más impuestos para los ricos, mientras que sus rivales se niegan a subir cualquier clase de impuestos.
Un acuerdo de gran alcance sobre el déficit parece ya imposible. Pero incluso un pequeño compromiso para evitar lo peor del abismo fiscal parece difícil, puesto que para ello es imprescindible que algunos republicanos apoyen al presidente.
La estrategia de la Casa Blanca es la siguiente: primero, conseguir que los republicanos del Senado renuncien a su derecho de bloqueo y permitan a los demócratas sacar adelante una ley contra el abismo fiscal en el Senado; segundo, conseguir que todos los demócratas y, al menos, 26 republicanos refrenden esa ley en la Cámara de Representantes. No se descarta esa posibilidad pero no se sabe cómo puede ocurrir. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, no ha dicho todavía que esté dispuesto a dejar paso a una legislación demócrata, por lo que pagaría un alto precio entre sus votantes conservadores. Y, peor aún, nadie ha dicho aún entre los miembros republicanos de la Cámara que piense apoyar a Obama, lo que abriría una profunda división en el partido de la oposición. La esperanza de encontrar disidentes en las filas republicanas está basada en los 34 diputados que perdieron su escaño en las elecciones de noviembre pasado o que no se presentarán a la reelección en 2014, aunque algunos de ellos son muy conservadores.
¿Quién se va a sacrificar, por tanto, por el bien del país? Lo lógico sería que todos un poco. Obama, que quería subir los impuestos a los ingresos superiores a los 250.000 dólares anuales, ha aceptado ya que sea a partir de los 400.000 dólares, pero, probablemente, tendrá que aumentar esa cifra. Los republicanos tendrán que asumir que algún tipo de incremento de la presión fiscal a los ricos es necesaria. Los demócratas tendrán que aceptar que algunos de sus programas sociales más queridos, como Medicare y Seguridad Social, están algo obsoletos y precisan, al menos, una revisión. Los negociadores trabajarán estos días, por tanto, con material altamente inflamable políticamente. Tanto, que lo más en que se puede confiar en estos momentos es que se libren de ese abismo que los propios políticos, en negociaciones similares el año pasado, se fijaron para el 1 de enero y aplacen la solución del drama para un capítulo posterior.
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