¿Qué busca el paquete de reformas que anunció el presidente Humala?Son reformas que se han venido trabajando hace algún tiempo y tienen que ver con la necesidad de agilizar una serie de procedimientos que obstaculizaban las inversiones. Se ha sacado una serie de normas, empezando por una que flexibiliza la obtención de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA). Se pasa a un sistema en el que hay que cumplir con requisitos y plazos y si la autoridad no se pronuncia, se aplica el silencio administrativo positivo. Salió también el D.S. 054 de la PCM y un segundo que se publicó el sábado -el 060- que hacen lo mismo para los estudios de impacto ambiental. No se cambian los estándares ambientales, sino el proceso de obtención de los permisos para reducir los tiempos.
¿Cómo se logrará esto?
Básicamente, teniendo términos de referencia comunes. En estos permisos intervienen muchas entidades, no solo aquella en cuyo sector está el proyecto, y no conversan entre ellas. Un tema importante es que se transparentan los tiempos, pues se podrá saber en qué oficina está sentado un trámite. Esto se hará público para que se genere presión sobre quienes demoran. En el caso de los CIRA, hay que agregar que estamos yendo hacia un catastro arqueológico, de manera tal que su sentido desaparezca. A eso se suma la ley para facilitar la expropiación y compensación para los proyectos donde el saneamiento de los terrenos es un problema.
Se habló de una nueva unidad al interior de su despacho. ¿Qué hará?
Esta unidad se va a incubar en el Ministerio de Economía, pero migrará a Pro Inversión. Por lo pronto, va a responder directamente a mí y tiene seis funciones. La primera es un monitoreo y gestión de los principales proyectos. Una segunda función es transparentar el avance de la ejecución, para ver si es que hay retrasos, dónde y por qué. De ese modo, un inversionista puede meterse con un código en una web, ver dónde está su trámite y cuánto tiempo lleva allí.
¿El equipo que trabajará en la unidad será autónomo?
Queremos que esté formado por personas que hayan tenido experiencia en la función pública, pero que sea gente nueva. Ellos van a tener un doble rol: el de seguimiento de los proyectos; y otro equipo que piense en soluciones normativas y de gestión transversales. Esta es la tercera función de la unidad. Que se haga una suerte de reingeniería de procesos en el Estado. Son dos grupos, con perfiles distintos, pero bajo una misma estructura. Luego viene la promoción de inversiones, donde queremos ser mucho más agresivos. Pro Inversión está muy abocado a adjudicar los proyectos que tiene en su cartera. Hay una cantidad de proyectos que se podrían dar al interior del país usando obras por impuestos, iniciativas privadas cofinanciadas o asociaciones público-privadas, pero faltan los conocimientos o no existen los instrumentos para generarlos.
La iniciativa de reforma aparece cuando se discute la posibilidad de que la economía se desacelere. ¿Se trata de un cambio de actitud ante el riesgo de que se caiga el crecimiento?
No. Este es un proceso que viene de tiempo atrás y que incluso yo ya había anunciado en setiembre cuando comenté de la necesidad de tener un shock de la gestión pública. Esto no se ha dado con celeridad por distintos motivos. Pero este proceso venía acompañado del proyecto de ley del servicio civil que se sigue discutiendo. Esta es una reforma más amplia. De lo que hay pleno conocimiento, por lo que ha pasado en el primer trimestre, es que nuestro país está sujeto a shocks externos, y no se puede dar el lujo de prescindir de inversiones en una coyuntura donde además hay consenso respecto a que los cimientos de la recuperación global son endebles. Por eso, se requiere más que nunca redoblar los esfuerzos para materializar inversiones. El objetivo es que la inversión privada crezca por lo menos dos dígitos este año. Hay que tener en cuenta que este es un primer paquete de reformas, pero vienen varias más que van a ir saliendo.
¿Qué resultados concretos esperan en el corto plazo?
Nuestros cálculos apuntan a que con las reformas del CIRA y los EIA se pueden destrabar inversiones por unos US$15.000 millones. Esto se logra solo atacando dos de los trámites más complejos, sin cambiar los estándares y haciendo una reingeniería de procesos, para aplanar la cancha para los inversionistas y que los trámites vayan en línea recta y no por caminos retorcidos.
Tienen en cartera varias reformas: mercado de capitales, servicio civil, simplificación administrativa, etc. ¿Cómo van a priorizar?
Una prioridad es cómo mejorar la eficiencia del Estado. La otra es la segunda parte de la reforma del sistema privado de pensiones. En la primera parte se puso énfasis en la competencia, ahora hay que entrar al tema de cómo generar mayor rentabilidad. Y eso pasa no solo por flexibilizar y tener un nuevo reglamento de inversiones, sino también poder dar mayores instrumentos financieros e ir resolviendo los cuellos de botella de costos que tiene el mercado de capitales. Hacia ello apunta la reforma, que fue enviada al Congreso y se prevé que sea discutida el 5 de junio en la Comisión de Economía.
Se enfocarán entonces en reformar el servicio civil y el mercado de capitales.
Sí, de acá hasta el 28 de julio, esas son las dos grandes reformas legislativas que buscamos. Sobre cómo destrabar las inversiones, hablamos de un proceso continuo, un esfuerzo permanente. Todo esto muestra la voluntad del Gobierno: que las inversiones deben darse en el país y que es la única fuente sostenible de crecimiento y generación de empleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario