Está ampliamente demostrado, especialmente en trabajos muy reconocidos del Dr. Javier Escobal de GRADE, que la provisión correcta de agua y saneamiento, caminos rurales y vialidad, electricidad y telecomunicaciones, en ese orden, contribuye a mejorar sustancialmente el bienestar de las familias que habitan las zonas rurales. En el acceso al agua, justamente, nuestro país está último en América Latina, según el Índice de Oportunidades del Banco Mundial. La mala administración de la mayoría de las empresas (municipales) de provisión de agua debería generar un escándalo de mucho mayor proporción que la frustrada adquisición de los activos de Repsol de parte de Petroperú. Sin embargo, se sigue traficando con la pobreza, gobierno tras gobierno.
El gobierno acaba de promulgar una ley que agiliza las expropiaciones requeridas para concretar proyectos de infraestructura, lo cual constituye un importante paso adelante para promoverlos. De un lado, se incluye el arbitraje como un paso previo a la judicialización, un paso importante considerando que tenemos uno de los poderes judiciales menos independientes del mundo según el ICG. Asimismo, se permite la posesión anticipada de los predios por parte del Estado de llegarse a juicio, con lo que éste puede proceder con la obra de infraestructura dejando pendiente, en esencia, solo la definición de cuál es el precio que se debe pagar en la expropiación. De otro lado, se reconoce el lucro cesante de las actividades comerciales que pueden haber estado realizando los dueños de los inmuebles.
El gobierno también priorizó 69 proyectos de inversión en infraestructuraque, según los cálculos de un abogado especializado, atraerán unos US$ 10 mil millones. Varios de los megaproyectos de infraestructura de la Municipalidad de Lima están incluidos. Esto también es bienvenido, ya que agiliza algunos otros procesos burocráticos e indica algún compromiso político por concretarlos.
Tenemos que hacer muchísimo más, sin embargo. Colombia y México están trabajando grandes paquetes de Asociaciones Público Privadas que no sólo suman varias veces los proyectos priorizados en el Perú sino que están mejor diseñados y promovidos, y por ello, tienen mayor probabilidad de éxito. Revisar las revistas especializadas de infraestructura y financiamiento de proyectos, como siguiendo el dinero, es una buena indicación de esto. Acá con frecuencia han tenido la voz cantante algunos sectores, gobiernos subnacionales y hasta funcionarios del MEF que, por distintas razones, se resisten a las concesiones. Es muy positivo que el gobierno anuncie que se destrabarán inversiones pero hay que tener metas más ambiciosas, dada la importancia del tema. José Luis Guasch, especialista reconocido del Banco Mundial, acaba de sugerir una meta de 15 a 20 proyectos concesionados por año.
Insistimos en que un ingrediente fundamental que falta en el Perú son consorcios liderados por bancos de inversión globales a cargo del diseño y promoción de inversión en grandes proyectos de infraestructura. Esta es la práctica usual en todo el mundo para lograr resultados. En los últimos cinco años, de las 32 licitaciones realizadas por Proinversión por servicios de asesoría o consultoría, sólo tres han requerido un banco de inversión y en los tres casos todos los postores han sido empresas locales. Usar únicamente consultores, asesores o "bancos de inversión" locales para proyectos de gran magnitud nos recuerda la propaganda de las niñitas agrandadas de una marca de margarina. No debemos jugar a las tacitas con el diseño y promoción de grandes APPs que afectan la vida de millones de peruanos.
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