Morales hizo el anuncio en un acto en la ciudad central de Cochabamba, donde está la sede de Sabsa, acompañado del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y del ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es latercera compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año, ya que en mayo pasado Morales nacionalizó Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre cuatro filiales de Iberdrola, por las que aún no ha habido una compensación económica.
"Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia", afirmó Morales. El gobernante adujo que Sabsa no hizo suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en El Alto (La Paz), Cochabamba y Santa Cruz, los principales del país, y criticó además los "sueldos exorbitantes" que percibían sus ejecutivos.
Según el decreto leído por Morales, el Ministerio de Obras Públicas asumirá el control de todo el paquete accionarial de Sabsa en representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Abertis y Aena provenga de una tasación realizada por una empresa independiente "en el plazo de 180 días hábiles".
Morales también ordenó el despliegue de militares en los tres aeropuertos "para garantizar la continuidad de los servicios". "No es un tema de fuerza, sino simbólico", dijo la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. "Es un tema que simplemente tiene que ver con la política que adopta el Gobierno en la participación de las Fuerzas Armadas en la recuperación de los recursos nacionales", declaró.
Dávila indicó que "la política nacional de desarrollo establece el control de los recursos estratégicos y eso significa que también las Fuerzas Armadas deben participar en estas acciones. Uno de los papeles que se les asigna es preservar los recursos naturales para el Estado boliviano y las empresas estatales", adujo.
La ministra insistió en que "tienen que entender esta acción como una acción simbólica, como las Fuerzas Armadas tomando el control, cuidando, protegiendo", porque "hay un papel activo del Ejército en el desarrollo" de Bolivia. "No es un tema de fuerza, lo hacen pacíficamente. Es una posesión que simboliza cómo las Fuerzas Armadas apoyan al Estado en estas decisiones", agregó.
El envío de tropas a empresas recién nacionalizadas es una práctica habitual del Gobierno de Morales, como pudo verse en las dos últimas expropiaciones de filiales de las empresas españolas Red Eléctrica e Iberdrola. Esta escenificación de la toma de control ha sido criticada por los países afectados por las nacionalizaciones.
La ministra Dávila también precisó que las empresas españolas recibirán una "justa compensación", ya que no es intención del Gobierno boliviano "esquilmar" a las compañías que invirtieron en el país. Añadió que hasta ahora se ha dialogado de forma "cordial y respetuosa" con todas las empresas que han afrontado procesos de nacionalización.
Sabsa gestiona desde 1997 los aeropuertos más grandes de Bolivia. Esta compañía perteneció a la estadounidense Airport Group International hasta 1999, cuando pasó a la británica TBI. En 2004, la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia.
La empresa asegura haber invertido 33,6 millones de dólares (25,18 millones de euros) desde 1997 a la fecha y adicionalmente entregó 73 millones (54,72 millones de euros) al Estado en el mismo periodo por los derechos de operación de los aeropuertos.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo la semana pasada que la empresa ejecutó un plan de inversión maestro entre 1997 y 2005, pero a partir de ese año hizo otras inversiones que "no sobrepasan de los seis millones de dólares", aseveró.
La firma ofreció invertir 36 millones de dólares (27 millones de euros) en los próximos nueve años, que es el período que restaba de su concesión, pero el Ejecutivo consideró "insuficiente" esa cifra y pidió a la empresa una inversión de 56 millones (42 millones de euros).
Morales ha afirmado que su Gobierno ya estuvo preparado "desde años atrás" para la expropiación, si bien "por razones de carácter derelaciones diplomáticas con algunos países" esperó a llegar "a algún acuerdo" con la empresa.
"El ministro y los ex ministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano, no hemos podido entendernos, por eso esta decisión del decreto supremo de nacionalización", agregó.
Además de esas expropiaciones, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006
http://www.elmundo.es/america/2013/02/18/portada/1361198616.html
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