Si uno se guiara por los comentarios oficiales pensaría que recién estarían evaluando el negocio de compra de La Pampilla, cuando ya habría una oferta para cerrarlo. Así que lo primero que uno se pregunta es: ¿Con qué base legal el Gobierno está actuando? ¿Quién lo ha autorizado a estar negociando? Más aún, el solo hecho de estar pactando de manera poco transparente la compra de activos millonarios es de por sí un acto que está penado.Por otro lado, el vendedor sería el único ganador y debe de estar maravillado. El cielo se le abrió, al fin se va a deshacer de una refinería –actividad con sobrecapacidad mundial– que no da utilidad y que tiene un millonario pasivo ambiental. Pero en lugar de pagar para que se la lleven –por ejemplo descontando fuertemente el precio de los grifos en un paquete– va a salir con un enorme monto en la mano, algo que nunca hubieran esperado.Por donde se vea, el Gobierno no tiene cómo justificarlo. Incluso si pagan 400 millones de dólares y asumen la obligación de invertir 900 millones adicionales estarían hundiendo en esa operación un monto mayor al presupuesto anual de inclusión social o al de saneamiento, pese a que hay 2 millones de pobres extremos y que no tienen acceso directo a agua potable en sus hogares el 50% de peruanos. No parece ser el tema más urgente o prioritario.
Además, La Pampilla tiene como accionistas, aparte de Repsol, a millones de peruanos a través de las AFP. Por lo que lo que el Gobierno ofrezca a los españoles también deberá ser ofrecido al resto de minoritarios. Caso contrario estarían no solo incumpliendo la ley sino que, además, estarían perjudicando a sus propios ciudadanos porque, no bien se haga cargo el Estado de la empresa, esta no tendrá mayor valor y el precio de su acción, sin duda, se habrá desplomado.
Realmente nos va a costar a todos un ojo de la cara que Humala quiera jugar al empresario.
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