... la transferencia de competencias para la administración de los puertos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), dependiente del Ministerio de Defensa.
Son varios los frentes por los que esta transferencia genera preocupaciones. Para empezar, el Gobierno ha decidido ignorar que se encuentra subordinado al Congreso y a la Constitución. El DL mediante el cual se realizó la mencionada transferencia de competencias se emitió en virtud de una delegación de facultades realizada por el Parlamento. Este último, no obstante, circunscribió la misma a la reforma del sector Defensa. Por eso, cuando el Gobierno entró a regular la gestión de servicios comerciales portuarios y la administración del transporte comercial marítimo, fue más allá de lo que estableció el Congreso y violó además la repartición de poderes establecida por la Constitución.
... Además el Ejecutivo creó una oficina de inspecciones y auditorías para brindar, en exclusividad, servicios de inspección y auditoría respecto de estándares de seguridad y contaminación de las embarcaciones. Esta oficina cobrará por evaluaciones que tranquilamente podrían realizar empresas privadas y, así, violará el artículo de la Constitución que señala que el Estado no puede poner una empresa para realizar actividades que puedan hacer los privados.
El Gobierno, no obstante, no solo decidió mantener su costumbre de ignorar este último artículo constitucional. Además, le entregó el monopolio legal de dichas actividades a la mencionada nueva oficina y le otorgó a Dicapi la facultad de crear tributos para financiarse, todo lo cual también se encuentra prohibido por la Carta Magna.
... Esta reasignación de funciones no tiene un sentido práctico porque se le han quitado atribuciones a la entidad especializada (la APN) para entregársela a otra que tiene personal capacitado para administrar temas de seguridad mas no comerciales (Dicapi). Como han señalado varios especialistas, que la Marina se encargue de los aspectos comerciales de los puertos tiene tanto sentido como asignarle a la Fuerza Aérea la administración de la aviación comercial o al Ejército la regulación del tránsito terrestre.
La mejor prueba del retroceso que supone trasladar las facultades de la APN a Dicapi son los números. Según Cómex-Perú, hace siete años, cuando la Marina se encargaba de los procesos de recepción, despacho, zarpe y arribo, las tasas que pagaban las embarcaciones ascendían en total a S/.26 millones. Hoy, en cambio, a pesar de que el tráfico naviero es mayor, la APN cobra en total solo S/.13 millones, permitiendo una reducción de costos que beneficia a los consumidores finales de los productos.
... ahora se necesitará el visto bueno de la Marina para concesionar los puertos. Esto (además de ser una barrera adicional e innecesaria para el desarrollo de infraestructura portuaria) preocupa porque, según la congresista Luciana León, en el pasado Dicapi se opuso a la concesión del Muelle Norte, lo que es un indicio de la falta de interés de la Marina por la inversión privada. Estando en el puesto 111 de 144 países en calidad de infraestructura portuaria... no se llega a entender por qué ponerle más trabas al desarrollo de nuestros puertos.
En suma, por donde se le vea, debe preocuparnos la militarización de los puertos. No solo por todos los errores que ella implica, sino también porque parece que meter al Estado donde la Constitución se lo prohíbe se ha convertido en una política de este gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario