En realidad, este episodio está desnudando la manera tan inadecuada con la que el Gobierno de Humala viene actuando. Así tenemos que el haber aprobado un reglamento por Decreto Supremo siete largos años después de que la ley sobre Petroperú fuera promulgada, justamente en medio del intento por retornar los combustibles a un monopolio del Estado, y que el ministro del sector salga a decir que es una coincidencia que no tiene relación, es francamente una burla a los ciudadanos.
Por otro lado, lo que está totalmente claro es que no hay necesidad alguna de que el gobierno compre La Pampilla. El mercado de combustibles opera normalmente y no hay forma de que vaya a quedar desabastecido. Más aún, hay varios compradores para esa refinería aunque posiblemente oferten un precio bastante menor del que Repsol está deseando.
Pero esto último, que puede causar malestar entre los accionistas del grupo español, no debería de ser motivo alguno de preocupación para el gobierno peruano. Por ello, si el Estado termina comprando ese activo, que es tan caro como innecesario, será por un dogmatismo trasnochado o por algún negociado, no hay ninguna otra razón que podría explicarlo.
Al final, Humala tendrá que decidir si quiere seguir presidiendo un gobierno que mira a un horizonte de continuo bienestar y crecimiento, basado en el optimismo tanto del consumidor como del empresariado, para lo cual tiene que mantenerse en el rumbo trazado. Porque si opta por cambiar de orientación y volver a experimentar el fracasado estatismo de Velasco, entonces, a partir de ese punto de quiebre, el país, sin duda, se irá cuesta abajo.
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