La oferta de Petroperúpara comprar la Refinería La Pampilla y la anterior decisión de que se convierta en socio de las compañías a las que se otorgue nuevas concesiones petroleras han despertado un justificado temor del regreso del Estado empresario. Si a esto le sumamos el DL 1147 del Ministerio de Defensa que traslada la regulación de los puertos a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas restándole autoridad a la APN (Autoridad Portuaria Nacional), así como el anuncio del Ministerio de Transportes de que Enapu se constituya en socia de las empresas que asuman futuras concesiones de puertos, confirmaría un retroceso conceptual y un acto inconstitucional muy preocupante. Es el colmo pretender resucitar al Estado empresario luego de nuestra nefasta experiencia velasquista. Según el estudio "Eficiencia del gasto en América Latina - Perú" (IPE, mayo 2008), las pérdidas acumuladas por las empresas estatales hasta 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (Dólares de 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año. La suspicacia ante el regreso del estado empresario se produce mientras, como señalan connotados especialistas, el Estado está paralizado y grandes proyectos de inversión en minería, hidrocarburos, electricidad, infraestructuras y otros duermen el sueño de los justos. Malas señales, pues, para el futuro de la economía. Lampadia ha conversado al respecto con expertos.
Roberto Abusada (economista)
"El
regreso a la visión estatista que considera a determinados sectores económicos
como estratégicos va a retraer la inversión privada. Algo que es gravísimo,
porque nuestra economía está basada en la demanda, que es la suma de consumo e
inversión, pero el 80% de esa inversión es privada. La propuesta de incrementar
la participación de Petroperú en actividades petroleras, la injerencia del
Ministerio de Defensa en los puertos, el proyecto para que el Estado participe
en el gasoducto del sur, demuestran que se está jugando con fuego. Señales
terribles para el sector privado. Algo difícil de entender, porque los países
con gran presencia estatal, como el propio Brasil, están avanzado hacia
reformas que permitan una mayor participación de los privados. En todos los
países que tienen un estado empresario la productividad cae. Lo mismo pasó en
el Perú con la experiencia velasquista. La productividad es un asunto de primer
orden. Inclusive The Wall Street Journal acaba de informar que países estables
como Chile tienen problemas de productividad con la explotación del
cobre".
Alfredo Bullard (abogado)
“La
posibilidad del regreso del estado empresario produciría un cambio en la
estructura de incentivos económicos. Quienes están en el negocio del petróleo y
de los puertos se sentirán traicionados y quienes consideraban entrar a la
actividad, obviamente, se abstendrían. La mejor demostración del fracaso del
estado empresario son los números: pérdidas económicas en general, quiebra del
estado, servicios deficientes, déficit en infraestructuras. En el Perú tenemos
todavía mucho para comparar. Por ejemplo, contrastemos cómo las mayorías han
accedido a los servicios privatizados de luz y teléfono, mientras seguimos con
graves problemas en la provisión los servicios estatales de agua y desagüe. La
razón principal que explica esta situación son los incentivos para los agentes
económicos. Como las empresas públicas son de todos y de nadie, no maximizan
beneficios sino gastos: incremento de personal, criterios políticos en la
administración y clientela política. Muy, por el contrario, las empresas
privadas surgen para ganar dinero, incrementar su rentabilidad y, con ese
objeto, compiten en el mercado reduciendo precios y favoreciendo a los
consumidores que somos todos los ciudadanos. Una de las cosas más terribles de
las empresas públicas es que usan nuestros impuestos para producir bienes
subsidiados y crear competencia desleal con los privados. Hace algún tiempo,
Editora Perú había comenzado a imprimir libros y hasta partes de matrimonio.
Existen hospitales públicos que ofrecen servicios de clínicas privadas con equipamiento
importado que ha sido exonerado de impuestos, y que compiten deslealmente con
el sector privado. También se conoce el caso de una universidad pública que
puso una pollería”.
José Luis Sardón (constitucionalista)
“La eventual
participación del Estado en los negocios de refinación de petróleo y de
estaciones de servicio es inconstitucional porque viola el artículo 60 de la
Constitución de la República, el cual establece que el estado tiene un rol
subsidiario en la economía. Si el estado, a través de la empresa estatal
Petroperú, adquiriera la refinería La Pampilla y la cadena de grifos de Repsol
estaría saliéndose de su rol subsidiario ya que existe una oferta privada en
ambos rubros de negocios. El artículo 60 de la Constitución establece que para
que el estado ingrese a una actividad empresarial determinada tiene que ser
autorizado mediante un dispositivo legal específico, y al parecer no existe hoy
ninguna norma que autorice a Petroperú a comprar la refinería de la competencia
y su cadena de grifos. En el año 2001, el gobierno provisional de Paniagüa,
mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, promovida por
Beatriz Boza, estableció que cualquier participación del estado en actividades
empresariales debía ser autorizada mediante una ley específica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario