Y al ex presidente García, como no le alcanza responsabilidad por los indultos, se lo acusa de haber cometido infracción constitucional: el artículo 118 de la Constitución reconoce al presidente de la República la facultad de conceder indultos y conmutar penas, siempre que, de tratarse de procesados, la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. Por haber transgredido este artículo, se plantea inhabilitar a García para ejercer la función pública hasta por 10 años. Según el documento, el gobierno aprista sustrajo de la acción y la ejecución penal a condenados y procesados (varios de ellos por narcotráfico) al indultarlos. A lo largo del informe se lo acusa además de haberse atribuido funciones del Poder Judicial.
La megacomisión tiene plazo hasta el 17 de mayo para presentar sus informes finales. Por su composición, (tres nacionalistas y un peruposibilista, entre 7 integrantes), se da por descontado que serán aprobados. Sin embargo, la inhabilitación a Alan García requiere 87 votos en el pleno. Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio suman juntos 68 votos.
El congresista aprista Javier Velásquez dijo que hay una estrategia del Gobierno para impedir que García participe en las elecciones del 2016. Acusó al primer ministro, Juan Jiménez, de estar al mando de esta campaña. “Es una estrategia montada por el Gobierno y apoyada por la alianza política entre Gana Perú y Perú Posible, para descalificar política y moralmente al ex presidente García y sacarlo del camino”, dijo. Jiménez, por su parte, recalcó que no hay injerencia política del Gobierno en la megacomisión y atribuyó las expresiones de los apristas a temores o nerviosismos.“No quisiera que se haga política electoral en el 2013, es muy prematuro [...] Que las personas que están investigadas no generen otro tipo de debate. Por qué desviar la atención de una investigación”, dijo Jiménez.
Y anoche, como para atizar más el fuego, el ministro de Defensa Pedro Cateriano denunció que durante el segundo gobierno aprista se realizaron 157 compras militares secretas por S/3.200 millones.
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