De esa manera, actuando de modo apresurado, les dejaron a los comerciantes agraviados el beneficio de un enorme flanco legal que les ha permitido dirigirse al Poder Judicial y lograr la reposición del mercado al considerar que sus derechos fueron vulnerados.
En realidad, con los dos años que tuvieron desde que ingresaron al Palacio Municipal hasta que tomaron valor y decidieron desalojarlos, el equipo de Villarán tuvo todo el tiempo del mundo para estar adecuadamente preparados. Pero parece que no fue así, ya que, judicialmente, debieron haber estado mejor respaldados.
En todo caso, ahora los comerciantes cuentan con un hábeas corpus a su favor y, al margen de si se va o no a implementar antes de la apelación, la comuna tiene un problema en sus manos.
Más aún, esta situación les resta credibilidad frente a los comerciantes que sí se han trasladado a Santa Anita y será motivo de otra postergación más en la entrada en operación del nuevo mercado.
Por otro lado, uno diría que luego de todo lo que ocurrió en octubre pasado es irreversible el traslado. Para empezar, la opinión pública no va a permitir que los comerciantes se salgan con la suya luego de la atroz violencia que presenciamos y que ellos financiaron. Sin embargo, tienen todo el derecho de recurrir a la justicia y habrá que esperar la siguiente instancia para ver si tiene algún futuro su caso. Al final, todo ello –retraso en el mercado y el costo de otro proceso– debido a que alguien hizo a media tinta su trabajo.
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