lunes, 8 de abril de 2013

Editorial El Comercio. Un juguete caro


No satisfecho con violar la Constitución (en ella se prohíbe explícitamente que el Estado realice cualquier actividad empresarial que pueda ser prestada por privados), Petro-Perú ha decidido pararse peligrosamente en el borde de la ley. La semana pasada, la empresa estatal habría presentado una oferta preliminar para comprar los activos de la española Repsol en el país. Estos incluyen sus estaciones de servicio, la envasadora de gas, Solgas y la planta de refinería La Pampilla. La decisión, al parecer, no habría venido del directorio de Petro-Perú..., sino desde del MEM), evidenciando las intenciones políticas detrás de esta misión.
Esta nueva inversión se suma a los US$2.691 millones que se destinarán a la modernización de la refinería de Talara en los próximos años y a los US$1.400 millones que costarán, entre otros proyectos relacionados, el gasoducto andino del sur y un polo petroquímico en Ilo... Tomando en cuenta que las utilidades anuales promedio de Petro-Perú en los últimos años bordean los US$100 millones, nos podemos hacer una idea de dónde saldrán los aportes para estos proyectos: de los contribuyentes. Ya sea por medio de contribuciones directas del fisco o por medio del aval implícito de este a los préstamos generados para llevar a cabo las operaciones. Y todo para que un Estado que aún no puede prestar satisfactoriamente los servicios básicos de salud, educación, seguridad, justicia y demás pase a sumar a sus funciones y obligaciones las de grifero.
...¿Cuál será el próximo paso? ¿Supermercados? ¿Pollerías? ¿Por qué no hoteles? Al fin y al cabo estos no son más que ejemplos de campos en que ya antes ha incursionado el Estado y que pueden resultar tan “estratégicos” como el negocio del petróleo...
... de concretarse la compra se estaría formando un monopolio estatal. Y aunque la posición monopólica no está sancionada por ley, el abuso de la posición de dominio sí lo está...
...No hay explicación económica que valga, pues, para este cometido. Si la finalidad de la compra es que el Estado sirva como un “regulador de precios”, como manifestó el ministro de Energía y Minas, vamos por mal camino. Para “regular” los precios existe la competencia de diferentes empresas esforzándose, las unas frente a las otras, por captar el mayor número de consumidores.
Cuando quien crea las reglas del juego es también jugador se cometen muchos abusos. Lo mismo pasa cuando hay un solo jugador, independientemente de quien escoja las reglas. Imaginemos lo que puede pasar cuando quien pone las reglas es el único jugador.

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